Italia, Meloni y la maternidad subrogada
Italia, un crimen universal basado en ideologías personales y religiosas
La nueva ley italiana penaliza la gestación subrogada en el extranjero, con penas que incluyen la cárcel y cuantiosas multas. Los críticos sostienen que se dirige injustamente a los progenitores del mismo sexo y que su aplicación es poco clara.
El Senado obtuvo el sí definitivo con 84 votos a favor, 58 en contra y ninguna abstención, en medio de las habituales polémicas y en una sesión al rojo vivo, que debió ser interrumpida varias veces, tras un debate de siete horas en el Parlamento.
El proyecto de ley fue presentado inicialmente por Carolina Varchi, diputada del partido ultraderechista Fratelli d'Italia, y apoyado por la jefa del partido y primera ministra, Giorgia Meloni.
La medida, promovida por el partido y su socio de coalición de extrema derecha, Lega, argumenta que protege la dignidad de las mujeres y amplía una prohibición de gestación subrogada vigente desde 2004. Los italianos que busquen vientres de alquiler en países como Estados Unidos o Canadá.
¿Cuáles son las penas y cuál fue el debate?
Para la coalición gobernante conservadora, el asunto se ve como una forma de proteger tanto a las mujeres en el extranjero, que según ellos son explotadas, como la relación entre los padres biológicos y sus hijos. "La mujer no aporta un órgano, sino que da a luz a un niño. La mujer queda así reducida a una incubadora, interrumpiendo la relación entre madre e hijo", declaró el diputado Gianni Berrino durante el debate.
Filomena Gallo, secretaria de la Asociación Luca Coscioni, a favor de la libertad de investigación científica, dijo que la nueva legislación era "una ley injusta y discriminatoria, jurídicamente inaplicable ya que ignora el principio de doble incriminación, que es la base del derecho penal".
La presidenta de Familias Arco Iris, Alessia Crocini, afirmó que el 90% de los italianos que optan por la gestación subrogada son parejas heterosexuales, pero que en su mayoría lo hacen en secreto, lo que significa que la nueva prohibición afectaría de facto solo a las parejas homosexuales que no pueden ocultarlo.
La prohibición de la maternidad subrogada se produce en un contexto de descenso de la natalidad. El instituto nacional de estadística ISTAT (por sus siglas en italiano) declaró en marzo que los nacimientos habían caído a un mínimo histórico en 2023, lo que supone el decimoquinto descenso anual consecutivo.
El Gobierno de Meloni se ha enfrentado por esta cuestión con ayuntamientos como el de Milán (norte), cuyo alcalde, el progresista Beppe Sala, ha registrado civilmente a hijos de parejas homosexuales alegando un «vacío legislativo».
El Tribunal Supremo italiano dictaminó en diciembre de 2022 que los hijos nacidos por gestación subrogada deben ser reconocidos mediante el proceso de adopción y con la aprobación de un juez.
Otro escollo importante derivado de la falta de claridad de la ley es cómo regulará el Estado los certificados de nacimiento expedidos en el extranjero. La administración italiana es famosa por los largos retrasos en la tramitación de los nacimientos de sus ciudadanos en el extranjero, y esto podría agravar la miseria de los padres que viven fuera del país.
Además, según los activistas, el proyecto de ley afecta desproporcionadamente a los padres del mismo sexo en un país donde también está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Varios legisladores y activistas LGBTQ+ protestaron frente al Senado para oponerse a la ley, algunos con pancartas en las que se leía 'Padres, no delincuentes'.
Ante la aprobación de esta ley que catapultó a Italia entre los países de Occidente con normas de los más restrictivas, europarlamentarios italianos de la oposición organizaron un flashmob en el Parlamento de la UE. “El delito universal contra la maternidad subrogada es un ataque a la ciencia, a la comunidad LGTB, a los niños, pero también a todas las mujeres que por problemas médicos no pueden tener hijos y que ven en esta práctica una esperanza para realizar su sueño”, dijo Carolina Morace, del Movimiento Cinco Estrellas, que concluyó: “Cómo mujer me pregunto: ¿Quién soy yo para juzgar una elección libre y consciente de muchas otras mujeres?”.
Texto de la ley: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero.”